La investigación, enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, reveló una operación sofisticada.

La célula utilizaba alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a las víctimas. El trabajo de inteligencia fue realizado por un grupo coordinado que incluyó a la SSPC, Defensa, Marina, FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades de seguridad y justicia de Tamaulipas. Los 12 internos, ya recluidos por otros delitos, fueron notificados de las nuevas órdenes de aprehensión en su contra por extorsión y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para enfrentar este nuevo proceso. Este golpe se produce en un contexto en el que gobernadores de estados vecinos como Nuevo León y Guanajuato habían denunciado previamente que las llamadas de extorsión en sus entidades provenían de penales de Tamaulipas, aunque en su momento las autoridades tamaulipecas habían negado tener pruebas de ello.