La explosión, descrita como un “ataque directo”, también causó daños en vehículos e inmuebles cercanos, incluido el Hospital Comunitario.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, con el despliegue de fuerzas estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Marina (Semar), que movilizó 205 elementos, helicópteros y personal médico para el traslado de los heridos. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) michoacana, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, reforzó la seguridad en los límites con Colima, una región estratégica disputada por grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uno de los aspectos más relevantes del caso es el giro en la investigación. La FGR inicialmente abrió una carpeta por el delito de “terrorismo”, pero en menos de 24 horas la reclasificó a “delincuencia organizada”. Este cambio generó reacciones a nivel federal; la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la FGR “tiene que explicarlo”, subrayando la importancia de catalogar correctamente el delito tras una investigación exhaustiva.