“Desde mi perspectiva, es lo que nos está afectando en la percepción”, afirmó, instando a los gobiernos estatales a concretar reformas para que este sea considerado un delito grave. El plan operativo, presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se basa en tres ejes: la armonización legislativa en los estados para tipificar la extorsión como delito grave antes del 30 de enero de 2026, el fortalecimiento de la línea de denuncia anónima 089 y la creación de un protocolo único de investigación.

Una medida clave es el combate a las llamadas extorsivas desde las cárceles.

García Harfuch informó que se identificó que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar. Como respuesta, anunció que “durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México” mediante inhibidores de señal y otras tecnologías. Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio, se han recibido más de 102,000 llamadas al 089, de las cuales el 75% fueron extorsiones no consumadas gracias a la orientación de los operadores, y se ha detenido a 615 personas en 22 estados.