Al solicitar refuerzos, 25 policías municipales acudieron al lugar y también fueron recibidos con disparos.

El enfrentamiento dejó siete agentes de seguridad lesionados; dos de ellos requirieron traslado a un hospital del ISSEMyM, donde se reportan estables. Durante el caos, un grupo más numeroso de pobladores y presuntos delincuentes, estimado en 80 personas, despojó a los elementos de dos armas largas y dos cortas.

Además, se reportaron daños a tres patrullas, una de las cuales fue retenida temporalmente por los habitantes.

Tras los hechos, se desplegó un operativo conjunto con la SEDENA, Guardia Nacional y policías estatales y de municipios aledaños para restablecer el orden y recuperar el armamento. Este evento resalta la conexión entre el crimen ambiental y la violencia organizada, demostrando que la tala ilegal es una actividad defendida con una considerable capacidad de fuego, lo que representa una seria amenaza tanto para el medio ambiente como para las fuerzas de seguridad del Estado.