Durante la intervención, se revisaron expedientes laborales y de confianza, y se aseguraron más de 200 teléfonos celulares como parte de las indagatorias.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, tras concluir el término legal, 11 de los agentes fueron judicializados. “Fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para que enfrenten la justicia por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias”, declaró. Además, agregó que las investigaciones continúan y los policías podrían ser acusados también de “halconeo”, delito recientemente endurecido. El resto de los 145 elementos fueron liberados bajo reservas de ley, lo que significa que podrían ser llamados a declarar nuevamente si la investigación lo requiere.

Estas acciones se enmarcan en las pesquisas por los hechos violentos ocurridos en Villaflores a finales de 2025, cuando un comando presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación incendió dos bares, dejando tres mujeres heridas y ocho personas secuestradas, de las cuales siete aparecieron sin vida días después.