El uso de stablecoins se ha vuelto una práctica común en el ecosistema fintech mexicano. Según el Fintech México Radar 2025, un 63% de estas empresas ya las utilizan para el envío de remesas y un 50% para operaciones de comercio internacional. El principal atractivo radica en la drástica reducción de costos: mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra aproximadamente un 5% sobre las remesas en efectivo, las transacciones con stablecoins implican comisiones inferiores al 1%.

Esta eficiencia, sin embargo, plantea un desafío fiscal significativo para el gobierno mexicano.

Ian Hernandez Lee, cofundador de Mobil3, advierte sobre la urgencia de una regulación local para evitar una fuga de ingresos fiscales hacia otros países.

“Si no se regula en México todos estos ingresos se pueden ir a Estados Unidos, porque se están utilizando para reducir costos”, señaló.

El especialista subraya que la falta de un marco claro en México, a diferencia de la Ley Genius en Estados Unidos, genera incertidumbre y podría mermar la competitividad del país. La discusión sobre la regulación de estos activos digitales es cada vez más presente, pero aún se carece de un marco legal definido que brinde certidumbre a los comercios y consumidores para su plena adopción.