Estas acciones reflejan un esfuerzo global por parte de las autoridades para supervisar y legitimar el creciente sector. En México, se aprobó una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que impacta directamente al sector de criptomonedas. La nueva regulación establece que las personas o empresas que realicen compraventa de criptoactivos estarán obligadas a notificar a la Secretaría de Hacienda cuando sus clientes realicen operaciones por un monto igual o superior a 23,759 pesos.

Esta medida busca combatir el lavado de dinero y alinear al país con estándares internacionales de supervisión financiera.

Paralelamente, el Banco de México ha expresado públicamente su preocupación por los riesgos asociados a las stablecoins, lo que sugiere un interés creciente en establecer un marco regulatorio más robusto para proteger la estabilidad del sistema financiero nacional. Por su parte, en Estados Unidos, los reguladores también mostraron avances hacia la integración de los activos digitales. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inició una evaluación sobre el uso de colaterales tokenizados y stablecoins en los mercados de derivados, un paso que podría desbloquear liquidez y reducir el riesgo sistémico. Además, la aprobación de un ETF de Ethereum que incluye recompensas por staking marcó un hito en la creación de productos regulados para inversores institucionales.

Ambos países, aunque con enfoques distintos, demuestran una clara tendencia hacia una mayor supervisión y formalización del ecosistema cripto.