Estas acciones reflejan una política que prioriza las deportaciones y el control fronterizo, con un impacto significativo en las comunidades migrantes y las relaciones internacionales.

Un operativo de gran magnitud tuvo lugar en una planta de baterías de Hyundai-LG en Georgia, donde fueron detenidas 475 personas, en su mayoría trabajadores surcoreanos, además de 26 mexicanos.

La redada, descrita como la más grande en un solo sitio bajo la administración actual, provocó una crisis diplomática con Corea del Sur.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que el incidente podría tener un “impacto significativo” en futuras inversiones. A pesar de que Trump ofreció a los técnicos detenidos permanecer en el país para capacitar a personal local, la mayoría optó por la repatriación. En paralelo, el gobierno de Trump ha desplegado fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes de ICE, en ciudades gobernadas por demócratas como Washington D.C. y ha amenazado con hacerlo en Chicago.

En la capital, la federalización de la policía local y la presencia militar han sido calificadas por críticos como una “ocupación militar forzada” y han provocado protestas masivas. La Casa Blanca justifica estas acciones como necesarias para combatir el crimen, aunque los datos locales muestran una disminución en los delitos violentos. Adicionalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló las redadas en California basadas en criterios como la raza, el idioma o el tipo de empleo, una decisión que la jueza Sonia Sotomayor criticó en su voto disidente, advirtiendo que permite el perfilamiento racial.