Según las autoridades estadounidenses, los trabajadores detenidos ingresaron ilegalmente, prolongaron su estancia o violaron las condiciones de sus visas. Las imágenes de los trabajadores esposados generaron indignación en Corea del Sur y protestas frente a la embajada estadounidense en Seúl.

En respuesta, el gobierno surcoreano envió a su canciller, Cho Hyun, a Washington para negociar la liberación de sus ciudadanos y fletó un avión para su repatriación. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, calificó la redada de “desconcertante” y advirtió que podría tener un “impacto significativo en las decisiones de inversión futuras”. Durante las negociaciones, el presidente Trump sugirió que los trabajadores surcoreanos, todos técnicos especializados, permanecieran en EE.UU. para capacitar a personal local.

Sin embargo, solo uno aceptó la oferta, y el resto optó por regresar a su país.

El incidente ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan las empresas surcoreanas para obtener visados temporales para técnicos especializados, un problema que, según denuncian, las ha obligado a operar en una “zona gris” legal.

La redada amenaza con retrasar proyectos estratégicos en sectores como la energía limpia, justo cuando EE.UU. busca atraer inversión extranjera para fortalecer su industria local.