La decisión del máximo tribunal podría tener profundas implicaciones para el poder presidencial y la sostenibilidad fiscal del país.

El caso se centra en el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales de EE.UU., con tasas que van desde un 10% hasta un 50%.

Trump justificó estas medidas apelando a emergencias nacionales como el narcotráfico y el déficit comercial.

Sin embargo, tribunales inferiores, incluyendo el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, dictaminaron que el presidente excedió su autoridad, ya que la Constitución otorga al Congreso, y no al ejecutivo, la facultad de establecer impuestos y aranceles. A pesar de estos fallos, los aranceles han permanecido en vigor a la espera de una decisión final. El gobierno de Trump argumenta que esta herramienta es crucial para presionar en negociaciones comerciales y combatir amenazas a la seguridad nacional. Una derrota en la Corte Suprema podría obligar al gobierno a reembolsar cientos de miles de millones de dólares en aranceles ya recaudados, lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que tendría un grave impacto en la administración federal. Por otro lado, una victoria para Trump reforzaría significativamente el poder ejecutivo, permitiéndole utilizar aranceles de manera unilateral en futuras emergencias.

La Corte, con una mayoría conservadora que incluye a tres magistrados designados por Trump, escuchará los argumentos en noviembre, lo que indica la urgencia del caso.