La administración Trump ha iniciado una batalla legal para destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), en una maniobra que amenaza la independencia del banco central estadounidense. La disputa se centra en acusaciones de fraude hipotecario contra Cook, que según el presidente, ponen en duda su capacidad para administrar la economía. El presidente Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, acusándola de haber declarado dos propiedades como “residencias principales” en 2021 para obtener beneficios hipotecarios, un año antes de unirse a la junta de la Fed. Sin embargo, una jueza federal, Jia Cobb, declaró ilegal la destitución, argumentando que los gobernadores de la Fed solo pueden ser removidos “por causa”, lo que se limita a mala conducta durante su tiempo en el cargo, no antes. La administración apeló de inmediato la decisión, solicitando un fallo de emergencia para apartar a Cook antes de la próxima reunión de la Fed sobre las tasas de interés. Los abogados de Trump insisten en que las acciones alegadas, aunque previas a su mandato, “indiscutiblemente ponen en duda la confiabilidad de Cook”.
Cook ha negado todos los cargos.
Sus abogados argumentan que Trump está utilizando las acusaciones como un pretexto dentro de una campaña más amplia para presionar a la Fed a que reduzca las tasas de interés, una demanda recurrente del presidente. El enfrentamiento es significativo ya que, si Cook es finalmente destituida, Trump estaría en camino de nominar a la mayoría de la junta directiva del banco central, lo que podría comprometer su independencia. La urgencia de la apelación subraya la importancia de la próxima votación sobre las tasas de interés, donde se espera una reducción de un cuarto de punto.
En resumenEl intento de la administración Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, representa un choque directo con la independencia del banco central. Utilizando acusaciones de fraude hipotecario previas a su nombramiento, la Casa Blanca busca influir en la política monetaria, generando un conflicto legal y constitucional sobre los límites del poder ejecutivo para remover a altos funcionarios de instituciones autónomas.