La administración justificó los gravámenes, que van desde un 10 % hasta un 50 %, como una respuesta a emergencias nacionales como el narcotráfico y el déficit comercial. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal dictaminó en agosto que el presidente excedió su autoridad, aunque mantuvo los aranceles vigentes mientras se resolvía el caso. La administración Trump apeló de inmediato, argumentando que perder esta herramienta debilitaría su capacidad de presión en negociaciones comerciales.

El caso ha sido aceptado por la Corte Suprema con un tratamiento acelerado, fijando los argumentos orales para la primera semana de noviembre.

Si el tribunal falla en contra del gobierno, este podría verse obligado a reembolsar una suma estimada entre 750 mil millones y un billón de dólares en aranceles ya recaudados, lo que representaría un severo impacto fiscal.