Esta postura ha generado una crisis diplomática entre las dos mayores economías del hemisferio.

Tras conocerse el fallo del Supremo Tribunal de Brasil, el presidente Trump expresó su sorpresa y defendió a Bolsonaro, a quien describió como un "buen hombre" y un "buen presidente".

Comparó la situación con los procesos judiciales que él mismo enfrentó, sugiriendo que se trataba de una maniobra similar. La reacción de su gobierno fue más allá de las declaraciones. La administración estadounidense impuso un arancel punitivo del 50 % a la mayoría de los productos brasileños y sancionó al juez del caso, Alexandre de Moraes, prohibiéndole la entrada al país. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicesecretario, Christopher Landau, condenaron públicamente el uso de la ley "como arma política" en Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió afirmando que no se "intimidará" por las "amenazas" de Washington y que defenderá su soberanía de cualquier injerencia, destacando que el proceso judicial se llevó a cabo con independencia y plenas garantías para los acusados.