Comparó la situación con sus propios procesos legales, afirmando: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo". La respuesta de la Casa Blanca no se limitó a la retórica. La administración Trump impuso un arancel del 50% a la mayoría de las exportaciones brasileñas y sancionó a varios funcionarios gubernamentales y jueces de la Corte Suprema. En una medida sin precedentes, el juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky, una herramienta usualmente reservada para violadores de derechos humanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la postura al declarar que Estados Unidos "respondería en consecuencia a esta caza de brujas". El Ministerio de Exteriores de Brasil respondió que no se "intimidará" por las "amenazas", defendiendo la independencia de su poder judicial y su soberanía. Esta acción marca un abandono de casi cuatro décadas de política estadounidense de defensa de la democracia en la región, castigando a Brasil por responsabilizar a un expresidente por intentar anular una elección.