La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar de forma acelerada la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, una de las políticas más controvertidas de su agenda económica. El caso, que se escuchará en noviembre, determinará si el presidente excedió su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer gravámenes de manera unilateral, con implicaciones de miles de millones de dólares. La disputa legal se centra en el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para justificar la imposición de "aranceles recíprocos" a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con tasas que van desde un 10% hasta un 50%. Tribunales inferiores, incluido el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, dictaminaron que Trump se extralimitó, argumentando que la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer impuestos.
Sin embargo, los aranceles se han mantenido vigentes mientras se resuelve el caso.
La administración Trump apeló con urgencia al máximo tribunal, sosteniendo que esta herramienta es vital para presionar en negociaciones comerciales y combatir amenazas a la seguridad nacional como el narcotráfico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que si la Corte falla en contra del gobierno, este podría verse obligado a reembolsar entre 750 mil millones y un billón de dólares en aranceles ya recaudados, lo que tendría un impacto fiscal devastador. La decisión final, en manos de una corte con mayoría conservadora, sentará un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo en materia de política comercial.
En resumenUn pilar central de la política económica de Trump, la imposición unilateral de aranceles globales, enfrenta un desafío legal decisivo en la Corte Suprema. El fallo no solo tendrá consecuencias financieras masivas, sino que también redefinirá el equilibrio de poder entre el presidente y el Congreso en asuntos de comercio internacional y tributación.