El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales en Washington D.C., y ha amenazado con hacer lo mismo en Chicago y otras ciudades demócratas, bajo el pretexto de combatir el crimen. Esta militarización de la seguridad pública ha sido denunciada por líderes locales como un "abuso de poder" y una "ocupación militar", generando un tenso enfrentamiento sobre los límites de la autoridad federal. En Washington D.C., la administración Trump declaró un estado de emergencia de 30 días, federalizando la fuerza policial local y desplegando aproximadamente 2,000 miembros de la Guardia Nacional. La operación ha generado temor y protestas masivas, con manifestantes marchando bajo lemas como "Fin a la ocupación de D.C.". Trump ha justificado la medida citando un aumento de la delincuencia, aunque datos locales muestran una disminución en los delitos violentos.
La estrategia parece ser un modelo que busca exportar a otras ciudades gobernadas por demócratas.
El presidente ha amenazado a Chicago con una intervención similar, publicando en redes sociales una imagen parodiando la película "Apocalypse Now" con el texto: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana". El gobernador de Illinois, J.B.
Pritzker, respondió calificando a Trump de "aspirante a dictador" que "amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense". Expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de estos despliegues, citando la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de militares para tareas de seguridad pública a nivel nacional, lo que intensifica el debate sobre un posible abuso de poder presidencial.
En resumenEl despliegue de fuerzas federales en ciudades estadounidenses por orden de Trump representa una escalada significativa en el conflicto entre su administración y los liderazgos demócratas locales. La medida plantea serias dudas constitucionales sobre la autoridad presidencial y la militarización de la seguridad interna, profundizando aún más las divisiones políticas de la nación.