La administración de Donald Trump ordenó una serie de ataques militares directos contra embarcaciones venezolanas en el Mar Caribe, marcando una drástica escalada en la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico y elevando la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro a un nivel crítico. El 15 de septiembre de 2025, el presidente Trump confirmó un “segundo golpe cinético” contra una lancha en aguas internacionales que, según su gobierno, transportaba a “narcoterroristas venezolanos” y drogas con destino a Estados Unidos, resultando en la muerte de tres personas. Este incidente siguió a un ataque similar ocurrido el 2 de septiembre, en el que murieron once presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua.
Trump justificó estas acciones como una medida de seguridad nacional, declarando: “si transportas drogas que puedan matar a estadounidenses, te estamos persiguiendo”. La Casa Blanca ha vinculado estas operaciones a cárteles como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, al que acusa de ser liderado por el propio Nicolás Maduro, por cuya captura ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. La estrategia representa un cambio significativo, pasando de la interdicción naval a ataques letales directos, lo que ha generado un debate sobre su legalidad bajo el derecho internacional. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha negado a dar detalles operativos, afirmando que Estados Unidos tenía “la autoridad absoluta y completa para llevarlo a cabo”.
En respuesta, el presidente Maduro calificó las acciones como una “agresión en toda la línea” que está “en camino de carácter militar”, y declaró que las comunicaciones con Washington estaban “deshechas”.
Analistas internacionales advierten que esta escalada podría desestabilizar la región y extender el conflicto a países vecinos.
En resumenLos ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones venezolanas representan una nueva y agresiva fase en la política de Washington hacia Caracas. Esta estrategia de “golpes cinéticos” ha roto los canales diplomáticos, ha sido calificada de agresión directa por el gobierno de Maduro y ha suscitado serias dudas sobre su legalidad y sus implicaciones para la estabilidad regional.