"¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!

", sentenció.

La alcaldesa Bowser, por su parte, ha mantenido una postura firme, declarando que "la aplicación de las leyes de inmigración no es lo que hace el MPD (Departamento de Policía Metropolitana)". Este enfrentamiento pone de relieve la tensión entre el poder federal y la autonomía del distrito, especialmente en lo que respecta a las políticas migratorias. La toma de control federal es vista por críticos como una "ocupación militar forzada" y un posible abuso de poder presidencial.