A través de su red social Truth Social, Trump calificó a Antifa como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo” y afirmó que recomendaría investigar a quienes financian al grupo “de acuerdo con los más altos estándares legales”. Esta designación se produce en un momento en que la administración responsabiliza a la “izquierda radical” de la crispación en el país. Sin embargo, la medida presenta complejidades legales significativas.

Antifa no es una organización formal con una estructura jerárquizada, sino una red difusa y descentralizada de activistas de izquierda y antifascistas, lo que dificulta la aplicación práctica de la designación terrorista. Actualmente, Estados Unidos no posee una lista oficial de “organizaciones terroristas domésticas”.

Críticos y expertos legales han señalado que esta acción tiene un carácter más político que jurídico, y la consideran una herramienta para suprimir la disidencia y estigmatizar a los opositores ideológicos del gobierno, en lugar de una estrategia efectiva para combatir el terrorismo.