Estas acciones han sembrado un profundo temor en las comunidades migrantes, afectando su vida cotidiana y la economía local.

Bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobierno ha puesto en marcha una campaña de reclutamiento masivo para ICE, ofreciendo bonos de hasta 50,000 dólares con el objetivo de alcanzar un millón de deportaciones anuales. Operativos con nombres como “Midway Blitz” y “Patriot 2.0” se han centrado en ciudades como Chicago, Boston y Los Ángeles, resultando en más de 200,000 arrestos y 50,000 detenciones en lo que va del año. Las redadas se realizan en lugares públicos, tribunales y centros de trabajo, provocando que muchos inmigrantes, incluso aquellos con estatus legal, opten por permanecer en sus hogares para evitar ser detenidos arbitrariamente. Este clima de miedo ha tenido consecuencias tangibles: restaurantes en Texas han reportado caídas en sus ventas de hasta un 40%, y celebraciones tradicionales como las fiestas patrias mexicanas han sido canceladas en varias ciudades. Además, han surgido denuncias sobre las precarias condiciones en nuevos centros de detención, como el de Camp East Montana en Fort Bliss, que fue abierto apresuradamente para albergar a miles de migrantes.