El presidente Donald Trump anunció públicamente la destrucción de hasta tres embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales. El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, dejó un saldo de 11 muertos, a quienes la Casa Blanca identificó como miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Un segundo operativo, confirmado por Trump con un video de la explosión, resultó en la muerte de otras tres personas. La justificación oficial de estas operaciones es la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que según Estados Unidos es liderado por el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, esta nueva táctica de uso de fuerza letal ha sido fuertemente cuestionada. La organización Human Rights Watch (HRW) acusó a Estados Unidos de cometer “asesinatos extrajudiciales ilícitos”, argumentando que “los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas”. Esta visión es compartida por Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien calificó los ataques como un “acto criminal” y un “asesinato”, cuestionando la veracidad de que las lanchas transportaran drogas o que sus tripulantes pertenecieran al Tren de Aragua. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado las acciones como una “agresión en toda la línea” y un pretexto para forzar un “cambio de régimen”, aunque Trump ha negado haber mantenido conversaciones con ese fin.