El presidente también recomendó “encarecidamente” que se investigue a fondo a quienes financian al movimiento.

Esta acción se enmarca en una ofensiva más amplia contra opositores políticos, a quienes el gobierno acusa de fomentar un clima de odio.

Sin embargo, la designación de Antifa como organización terrorista presenta complejidades legales significativas. A diferencia de grupos con estructuras jerárquicas definidas, Antifa es una red difusa y descentralizada de activistas que se identifican como anarquistas, anticapitalistas o comunistas, sin un liderazgo central. Expertos legales y funcionarios han advertido previamente sobre la dificultad de aplicar una designación de este tipo a un colectivo tan amorfo, lo que podría enfrentar obstáculos en los tribunales y plantear riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Críticos de la medida argumentan que se trata de un uso político del poder presidencial para criminalizar la disidencia y reprimir a adversarios ideológicos, más que una respuesta basada en evidencia concreta que vincule al movimiento con el crimen de Kirk.