La medida ha sido calificada por la Casa Blanca como una acción para proteger a los ciudadanos, pero enfrenta importantes desafíos legales y críticas por su potencial para criminalizar la disidencia.

El presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para hacer el anuncio, describiendo a Antifa como "un desastre radical de izquierda, enfermo y peligroso". La decisión se enmarca en una narrativa impulsada por la administración que responsabiliza a la "izquierda radical" por un supuesto incremento de la violencia política en el país, utilizando el asesinato de Kirk como catalizador. Sin embargo, la implementación de esta designación es legalmente compleja.

Antifa no es una organización formal con una estructura jerárquica o un liderazgo definido; es una red descentralizada de activistas que se identifican con una ideología antifascista. El exdirector del FBI, Christopher Wray, ya había señalado durante el primer mandato de Trump que Antifa es una "ideología", no una organización, lo que dificulta su clasificación bajo la ley estadounidense.

Actualmente, no existe un mecanismo legal federal para designar a grupos nacionales como organizaciones terroristas de la misma manera que se hace con los grupos extranjeros. Críticos y expertos legales advierten que esta medida podría ser un uso peligroso del poder presidencial para perseguir a opositores políticos y suprimir la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.