Esta medida busca, según la Casa Blanca, proteger a los ciudadanos y garantizar que cualquier acto de violencia atribuido al movimiento sea procesado con la máxima severidad.

Sin embargo, la designación enfrenta importantes desafíos legales y prácticos.

Expertos y funcionarios, incluido el exdirector del FBI Christopher Wray, han señalado que Antifa no es una organización estructurada con un liderazgo central, sino más bien una “ideología” o una red descentralizada de activistas. Esta naturaleza difusa complica su clasificación bajo los estatutos de terrorismo existentes en Estados Unidos, que no contemplan una lista formal para grupos domésticos.

Críticos advierten que la medida podría ser utilizada para criminalizar la disidencia y perseguir a opositores políticos, sentando un precedente preocupante para las libertades civiles.