Esta campaña, justificada por Washington como una misión antinarcóticos y antiterrorismo, es vista por Caracas y algunos analistas como una estrategia para forzar un cambio de régimen.

El Pentágono ha movilizado una fuerza significativa que incluye ocho buques de guerra, cazas F-35 en Puerto Rico, un submarino de ataque y 4,500 efectivos. Desde agosto, esta fuerza ha destruido al menos tres embarcaciones, resultando en la muerte de más de una docena de personas. El presidente Trump ha vinculado estos barcos a “cárteles del narcotráfico” y ha afirmado tener “pruebas” de que transportaban cocaína y fentanilo, aunque la Casa Blanca no ha presentado evidencia pública. Altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio han calificado a Maduro de “fugitivo de la justicia estadounidense” y líder de un “cártel”. En respuesta, el gobierno venezolano ha denunciado los ataques como “crímenes” y una “guerra no declarada”, iniciando el entrenamiento militar de civiles para una eventual defensa.

Maduro también envió una carta a Trump ofreciendo reactivar el diálogo a través del enviado especial Richard Grenell, a lo que Trump respondió ambiguamente: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

Analistas citados, como el almirante James G. Stavridis, consideran que el despliegue es un “exceso operativo” cuyo objetivo real es el cambio de régimen, describiéndolo como el regreso de la “diplomacia de las cañoneras”.