“No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad”, manifestó el presidente.

Estas presiones se producen en un contexto delicado, tras la reciente salida del fiscal federal Erik Siebert, quien, según informes de medios, se negó a imputar a James por falta de evidencia. Trump atribuyó la salida de Siebert a un despido.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reaccionó enérgicamente, advirtiendo que la instrumentalización del DOJ para perseguir enemigos políticos “es el camino a una dictadura”. La situación ha generado alarma sobre la erosión de las normas institucionales y el riesgo de que el sistema de justicia se convierta en una herramienta de persecución política bajo la administración Trump.