La Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Viviane Barci de Moraes, esposa del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien lideró el juicio que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La sanción también se extendió a una empresa jurídica vinculada a la familia.

Anteriormente, el propio juez De Moraes ya había sido sancionado.

Adicionalmente, la administración Trump revocó las visas de otras siete personas vinculadas al juez, incluyendo a Jorge Messias, ministro de la Fiscalía General, y a varios jueces asesores y exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral. La fiscalía de Brasil, por su parte, imputó al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por “coacción”, acusándolo de presionar para que Estados Unidos impusiera sanciones con el fin de interferir en el juicio de su padre. Estas acciones han provocado que Estados Unidos sea excluido de una reunión sobre democracia global organizada por Brasil, Chile y España en la ONU.

Fuentes involucradas en la planificación declararon: “No es posible invitar a quienes cuestionan nuestra democracia y nuestras instituciones”.

La tensión diplomática refleja el profundo respaldo de Trump a Bolsonaro y su disposición a utilizar herramientas económicas y migratorias para influir en asuntos judiciales de otros países.