Estas acciones han provocado la muerte de al menos 17 personas y han generado una fuerte condena por parte de los gobiernos de Venezuela y Colombia. El presidente Trump confirmó haber ordenado múltiples "ataques cinéticos letales" contra barcos que vinculó con organizaciones terroristas designadas y el tráfico de drogas, mencionando específicamente a la banda Tren de Aragua y operaciones originadas en Venezuela.

En un tono desafiante, advirtió: "A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires".

El despliegue militar estadounidense en la zona incluye ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas F-35. Como respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de librar una "guerra no declarada" y ha comenzado a entrenar milicias civiles. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente en la ONU una investigación penal contra Trump, argumentando que las víctimas eran "jóvenes pobres" y no narcotraficantes, y que la política antidrogas de Washington es una "mentira". La organización Human Rights Watch ha calificado los ataques como "asesinatos extrajudiciales ilícitos", aumentando la presión internacional sobre la legalidad de estas operaciones militares.