La medida, anunciada tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, atribuye al movimiento un "patrón sistemático de violencia política" y faculta a las agencias federales para investigar y desmantelar sus operaciones.

En su anuncio, Trump describió a Antifa como "un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo".

La orden ejecutiva instruye a todos los departamentos federales a utilizar sus plenas facultades para perseguir cualquier operación ilegal vinculada a Antifa, incluyendo el apoyo material a sus acciones violentas.

Esta decisión cumple una promesa que Trump había hecho durante su primer mandato, en el contexto de las protestas por la muerte de George Floyd. Sin embargo, expertos legales y defensores de las libertades civiles han señalado importantes desafíos para su implementación.

Antifa es considerado un movimiento descentralizado o una ideología, más que una organización formal con una estructura de liderazgo clara. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, afirmó que Antifa era "una ideología más que una organización formal".

Los críticos advierten que la designación podría ser utilizada para criminalizar la disidencia y suprimir la oposición política, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.