El exdirector del FBI, James Comey, un abierto crítico del presidente Donald Trump, fue formalmente acusado por un gran jurado de falso testimonio y obstrucción de la justicia. La imputación se produce días después de que Trump instara públicamente a la Fiscal General, Pam Bondi, a procesar a quienes considera sus enemigos políticos, intensificando las preocupaciones sobre la politización del Departamento de Justicia. Los cargos contra Comey lo convierten en el primer exfuncionario de alto rango en enfrentar un proceso judicial relacionado con la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, una pesquisa que Trump ha calificado repetidamente como un “engaño” y una “cacería de brujas”. La acusación de dos cargos se centra en una presunta declaración falsa al Congreso hace cinco años y en la obstrucción de un proceso penal. Tras la noticia, Trump celebró en su red Truth Social: “¡Justicia en Estados Unidos!
Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey”.
Por su parte, Comey respondió en redes sociales afirmando que enfrentaría el proceso “sin miedo” y que confiaba en el sistema judicial para demostrar su inocencia.
“Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”, declaró.
El caso se presenta en un momento en que la Casa Blanca ha ejercido una influencia sin precedentes sobre el Departamento de Justicia, difuminando la línea entre la ley y la política y generando críticas sobre el posible uso de la justicia como un arma contra adversarios políticos.
En resumenLa imputación de James Comey, impulsada por la presión pública de Donald Trump, marca un hito en la politización de la justicia estadounidense. El caso pone a prueba la independencia del Departamento de Justicia y profundiza el debate sobre el uso del poder para perseguir a opositores políticos.