El caso ha estado rodeado de controversia, exacerbada por la presión pública que Trump ejerció sobre la fiscal general, Pam Bondi, para que actuara contra sus adversarios políticos. La fiscal designada para el caso, Lindsey Halligan, es una exabogada personal de Trump sin experiencia previa en fiscalía, lo que ha alimentado las críticas sobre la politización del Departamento de Justicia. La situación se complicó aún más con la renuncia del fiscal federal anterior, Erik Siebert, quien, según informes, se retiró tras comunicar al Departamento de Justicia que no existían pruebas suficientes para acusar a Comey. Los cargos específicos se relacionan con el testimonio de Comey ante el Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020, donde presuntamente mintió al negar haber autorizado filtraciones a la prensa.