Esta directiva busca reinstaurar la pena capital en la capital de la nación, donde fue abolida en 1981, en un claro endurecimiento de su política de "ley y orden". Trump justificó la medida como una respuesta a las "amenazas a la seguridad pública" y al "crimen sin control" que, según él, atraviesa la ciudad. La orden se enmarca en la toma de control federal sobre la policía metropolitana de la capital, que comenzó en agosto con el despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales. El memorando presidencial establece que la aplicación de la pena capital debe ser una prioridad para disuadir y castigar los crímenes más atroces. La fiscal general Pam Bondi respaldó la medida, afirmando que la administración busca extender la pena de muerte a todo el país, no solo en la capital. Durante la firma, Trump reaccionó a un comentario de un periodista que le recordó que la pena capital fue una de sus promesas de campaña, a lo que el presidente respondió: "A mucha gente le gusta". La medida ha sido criticada por opositores que la ven como una extralimitación del poder federal sobre la jurisdicción local y una politización de la justicia penal.