La administración Trump ha escalado significativamente su presencia militar en el Mar Caribe, llevando a cabo ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, principalmente vinculadas a Venezuela. El presidente ha defendido estas operaciones como una ofensiva necesaria contra el "narcoterrorismo" que, según afirma, es liderado por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el verano, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza naval que incluye destructores, un submarino nuclear y aviones de combate F-35 en la región. El Pentágono justifica esta movilización como parte de una misión antinarcóticos, pero ha generado una fuerte reacción internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó los ataques como un "crimen alevoso" y una "guerra no declarada", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue más allá y exigió ante la ONU que se abra un "proceso penal" contra Trump por el asesinato de quienes, según él, eran "jóvenes pobres" y no narcotraficantes.
Trump, por su parte, ha sido contundente en sus declaraciones, advirtiendo a los traficantes: "los eliminaremos".
Analistas y algunos funcionarios de defensa sugieren que el verdadero objetivo de la operación es ejercer máxima presión sobre el régimen de Maduro, utilizando la lucha contra las drogas como pretexto. La legalidad de estas ejecuciones extrajudiciales ha sido cuestionada por congresistas demócratas y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que se está violando el debido proceso al usar fuerza letal en lugar de interceptar y procesar a los sospechosos.
En resumenLa escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, con ataques directos a presuntas narcolanchas, representa un cambio drástico en su estrategia regional. Aunque se enmarca en la lucha contra el narcotráfico, la operación ha sido denunciada como una agresión contra Venezuela y ha generado serias dudas sobre su legalidad y sus verdaderas motivaciones geopolíticas.