El exdirector del FBI, James Comey, ha sido formalmente acusado por un gran jurado federal de obstrucción de la justicia y falso testimonio, una medida que sigue a la intensa presión pública del presidente Donald Trump sobre el Departamento de Justicia para que actúe contra sus adversarios políticos. Comey es el primer exfuncionario de alto rango en ser procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, una pesquisa que Trump ha calificado repetidamente como una “cacería de brujas”. La imputación se centra en el testimonio que Comey dio ante el Congreso en 2020, donde presuntamente mintió al negar haber autorizado la filtración de información a la prensa.
Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
El caso ha avivado las preocupaciones sobre la politización del Departamento de Justicia bajo la fiscal general Pam Bondi, una leal a Trump. Días antes de la acusación, Trump instó públicamente a Bondi a actuar contra Comey y otros oponentes.
El presidente celebró la noticia en su red Truth Social, calificando a Comey como “uno de los peores seres humanos” y un “policía corrupto”. Por su parte, Comey respondió en un video, declarando su inocencia y afirmando no tener miedo de enfrentar a Trump en los tribunales. “Mi familia y yo sabíamos que habría costos por enfrentar a Donald Trump, pero no viviríamos de otra manera”, expresó. La situación se produce en un clima de despidos y renuncias de fiscales que, según informes, se han resistido a las presiones de la Casa Blanca para presentar cargos contra los enemigos de Trump.
En resumenLa imputación de James Comey marca un punto crítico en la relación entre la Casa Blanca y el sistema de justicia. Impulsada por la presión directa del presidente Trump, la acción contra el exdirector del FBI es vista por los críticos como un peligroso paso hacia el uso del poder judicial como herramienta de venganza política, amenazando la independencia de las instituciones.