La medida, anunciada tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, atribuye al movimiento un “patrón sistemático de violencia política” y lo acusa de socavar el estado de derecho mediante ataques a agentes federales, incluido el personal de ICE.

La orden instruye a todas las agencias federales a utilizar sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada a Antifa, así como a quienes proporcionen apoyo material a sus acciones.

Sin embargo, la designación enfrenta importantes desafíos legales y es vista por muchos expertos como un acto más declarativo que jurídico.

Las leyes federales de Estados Unidos actualmente solo permiten designar como terroristas a entidades extranjeras, no a grupos domésticos, debido a las protecciones de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y asociación. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, describió a Antifa como “una ideología más que una organización”, debido a su naturaleza descentralizada y a la falta de una estructura o liderazgo formal. A pesar de esto, la Casa Blanca defiende la medida, con la secretaria de prensa Karoline Leavitt citando un supuesto aumento de la violencia atribuida a “personas radicales Antifa”. La decisión ha encontrado eco internacional, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciando que replicará la clasificación en su país.