Estas acciones han sido calificadas por el presidente colombiano Gustavo Petro como “ejecuciones sumarias” y una violación del derecho internacional. Por su parte, el gobierno de Maduro denuncia el despliegue como una “amenaza militar” y una “guerra no declarada” que busca un cambio de régimen, y ha respondido con ejercicios militares y la movilización de milicias civiles. En un intento de distensión, Maduro envió una carta a Trump proponiendo un diálogo directo a través del enviado especial Richard Grenell, la cual fue rechazada por la Casa Blanca por estar “plagada de mentiras”. Trump ha endurecido su retórica, advirtiendo a Venezuela que pagará un precio “incalculable” si no acepta más deportados y amenazando con “hacer saltar por los aires” a los narcotraficantes en la región.

Analistas consideran que, aunque la fuerza desplegada no es suficiente para una invasión, la operación aumenta el riesgo de una escalada militar en el Caribe.