En mensajes posteriores, enmarcó el tiroteo como “otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América”, una narrativa que alinea el suceso con su discurso de defensa de los valores religiosos tradicionales. El FBI, que desplegó 100 agentes en la zona, está investigando el incidente como un “acto de violencia selectiva”, sin haber determinado aún un motivo claro.

La reacción presidencial resalta una estrategia de capitalizar tragedias para reforzar su base política, conectando la violencia armada con una supuesta persecución religiosa y cultural. Este enfoque politiza el debate sobre el control de armas, desviándolo hacia una guerra cultural más amplia, mientras figuras como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y portavoces de la iglesia mormona han hecho llamados más generales a la paz y la unidad, calificando la violencia en lugares de culto como “inaceptable”.