Los abogados de los migrantes advirtieron al tribunal que, tras una intervención similar en mayo, algunas personas ya habían perdido sus empleos y hogares, e incluso habían sido detenidas y deportadas. La jueza Ketanji Brown Jackson, en su disidencia, criticó duramente la decisión, calificándola como “otro grave mal uso de nuestro expediente de emergencia” y una “gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”.

El TPS, creado por el Congreso en 1990, es un programa diseñado para evitar deportaciones a países que enfrentan desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas.