El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago y Portland, una medida que ha generado una fuerte confrontación con autoridades locales y un intenso debate legal sobre los límites del poder presidencial. La decisión se enmarca en una agresiva campaña de deportaciones masivas y control de la criminalidad. La administración Trump ordenó el envío de 300 efectivos de la Guardia Nacional a Chicago, Illinois, a pesar de la negativa explícita del gobernador demócrata JB Pritzker. El gobernador calificó la acción como un “ultimátum” del gobierno federal, declarando que “es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”.
La Casa Blanca justificó la medida como necesaria para “proteger a los funcionarios y activos federales” tras un tiroteo en la ciudad donde agentes federales dispararon a una mujer.
En un caso paralelo, una jueza federal en Oregón, Karin Immergut, nominada por el propio Trump, bloqueó temporalmente el despliegue de 200 soldados en Portland. En su fallo, la jueza determinó que el presidente “probablemente prosperarán en su alegato de que el presidente excedió su autoridad constitucional”, ya que las protestas en la ciudad no representaban un “peligro de rebelión” que justificara una intervención militar federal. La estrategia de despliegue de tropas en ciudades demócratas también ha sido implementada en Los Ángeles y Washington D.C., lo que evidencia un patrón de confrontación entre el poder ejecutivo federal y las administraciones locales que se oponen a sus políticas de seguridad e inmigración.
En resumenLa decisión de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas ha intensificado el conflicto entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una acción necesaria para mantener el orden y proteger activos federales, los gobernadores y jueces la cuestionan como una extralimitación del poder presidencial, generando batallas legales y políticas que ponen a prueba los límites constitucionales.