La falta de acuerdo presupuestario en el Congreso de Estados Unidos ha provocado un cierre parcial del gobierno, una situación que el presidente Donald Trump utiliza como una oportunidad para amenazar con recortes permanentes y castigar políticamente a los estados demócratas. La parálisis administrativa, que comenzó el 1 de octubre, afecta a cientos de miles de empleados federales y suspende servicios no esenciales. El conflicto se centra en la exigencia de los demócratas de extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), a lo que los republicanos se oponen, acusando a la oposición de querer financiar servicios para “inmigrantes ilegales”.
Ante el estancamiento, Trump declaró que el cierre le brinda una “oportunidad sin precedentes” para remodelar el gobierno. Anunció una reunión con el director de presupuesto, Russ Vought, para determinar qué “agencias demócratas” serán eliminadas de forma “temporal o permanente”.
La administración ya ha tomado medidas punitivas, congelando 26 mil millones de dólares en fondos federales destinados a estados demócratas. Esto incluye 18 mil millones para proyectos de infraestructura en Nueva York y 2.1 mil millones para el transporte en Chicago, además de 8 mil millones para proyectos de energía renovable en 16 estados.
La Casa Blanca ha advertido que los despidos de trabajadores federales, que podrían ser “miles”, son “inminentes” si el cierre se prolonga, una medida más drástica que las suspensiones temporales de cierres anteriores.
En resumenEl cierre del gobierno se ha convertido en una herramienta política para la administración Trump, que no solo busca presionar a los demócratas en la negociación presupuestaria, sino también avanzar en su agenda de reducir el aparato federal y penalizar a sus oponentes. La congelación de fondos para proyectos clave en estados demócratas y la amenaza de despidos masivos y permanentes marcan una escalada en la polarización política de Washington, con consecuencias directas para la economía y los servicios públicos.