La administración Trump ha escalado drásticamente su estrategia contra el narcotráfico al notificar al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, designándolos como “organizaciones terroristas” y a sus miembros como “combatientes ilegales”. Esta declaración redefine la lucha contra las drogas como una guerra, otorgando al presidente poderes extraordinarios para usar la fuerza militar letal. La justificación legal fue presentada en un memorando al Congreso para legitimar una serie de ataques militares ocurridos desde septiembre en el Caribe contra presuntas “narcolanchas”, varias de ellas procedentes de Venezuela. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que, por órdenes de Trump, se realizaron ataques “letales y cinéticos” que resultaron en la muerte de al menos 21 personas, calificadas como “narcoterroristas”. Hegseth afirmó que la inteligencia estadounidense confirmó “sin lugar a dudas” que las embarcaciones transportaban narcóticos destinados a Estados Unidos “para envenenar a nuestra gente”.
Esta política se enmarca en un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, que incluye buques de guerra y miles de soldados.
Trump también ha sugerido que la ofensiva podría extenderse a los cárteles que operan por vía terrestre, lo que genera preocupaciones sobre posibles intervenciones en otros países, incluido México.
En resumenAl declarar un 'conflicto armado' con los cárteles, la administración Trump ha militarizado formalmente la lucha contra el narcotráfico, utilizando poderes de guerra para justificar ataques letales fuera de sus fronteras. Esta postura redefine la política de seguridad estadounidense en la región, provocando tensiones diplomáticas, especialmente con Venezuela, y abriendo un debate sobre la soberanía y los límites del poder ejecutivo estadounidense.