Esta política representa un cambio drástico en el programa diseñado para atraer trabajadores altamente calificados a Estados Unidos. El presidente Trump firmó una proclama el 19 de septiembre que justifica la nueva tarifa argumentando que el programa H-1B “ha sido deliberadamente explotado para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra menos remunerada y menos calificada”.

La implementación, programada para solo 36 horas después, provocó pánico entre las empresas.

Inmediatamente, una coalición de proveedores de atención médica, grupos religiosos, sindicatos y profesores universitarios presentó una demanda federal para detener el cobro, alegando que el presidente no tiene la autoridad para imponer unilateralmente impuestos y que la medida ha sumido a empleadores y trabajadores “en el caos”.

Los demandantes sostienen que la tarifa es “ilegal” y advierten que, sin un alivio judicial, “los hospitales perderán personal médico, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros”.

El programa H-1B es una vía crucial para contratar profesionales en campos especializados, y aproximadamente un tercio de sus beneficiarios son enfermeros, maestros y médicos.