Los activistas argumentan que una suma tan considerable podría impedir que los menores tomen decisiones informadas sobre su futuro y sus derechos legales. Melissa Adamson, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil, señaló que para un niño, “$2,500 podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida”, lo que dificultaría sopesar con precisión los riesgos de regresar a sus países frente a la posibilidad de buscar protección en Estados Unidos. La medida se enmarca en una serie de políticas de línea dura de la administración, que busca acelerar las deportaciones y disuadir la migración.