Esta medida ha generado un profundo conflicto constitucional con autoridades estatales y locales, quienes la califican como una extralimitación del poder presidencial y una “invasión” a su soberanía.

La justificación de la Casa Blanca para estas acciones es la necesidad de restaurar el orden ante lo que describe como “disturbios violentos y anarquía”. Trump ha calificado a estas ciudades de “zonas de guerra” y ha amenazado con ir más allá, declarando su disposición a invocar la Ley de Insurrección, una norma que le permitiría desplegar tropas militares en servicio activo en territorio estadounidense para sofocar rebeliones. “Tenemos una ley de insurrección por una razón.

Si tuviera que aplicarla, lo haría”, afirmó el mandatario, especialmente si los tribunales o las autoridades locales intentan detenerlo.

Esta postura ha sido criticada por expertos legales, quienes señalan que la Ley Posse Comitatus de casi 150 años limita el uso de las fuerzas armadas en tareas de orden público. Gobernadores como JB Pritzker de Illinois han presentado demandas para bloquear los despliegues, calificándolos de “una invasión anticonstitucional”. En Oregón, una jueza federal bloqueó temporalmente el envío de tropas, argumentando que la situación no justificaba una intervención militar. El conflicto evidencia una creciente tensión entre el poder federal y la autonomía estatal, reavivando el debate sobre los límites del poder presidencial para militarizar la seguridad interna.