La medida, justificada por la administración como una cuestión de "seguridad nacional", está diseñada para proteger a los fabricantes estadounidenses y afectará de manera significativa a México, el principal proveedor de estos vehículos para el mercado estadounidense. Trump confirmó la medida a través de su red social Truth Social, señalando que busca proteger a grandes fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks de lo que describe como "competencia externa desleal". La decisión se basa en una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Aunque gran parte de los camiones pesados de grandes marcas se ensamblan en Estados Unidos, una porción considerable de los camiones medianos de Ford, General Motors y Stellantis proviene de México. De hecho, las importaciones de camiones, autobuses y vehículos especiales desde México representaron casi el 80% del total en los primeros siete meses del año, con un valor de 25,860 millones de dólares.

El sector privado estadounidense había expresado su oposición, argumentando que aliados como México y Canadá no representan una amenaza a la seguridad nacional.

Esta nueva tarifa se suma a otros aranceles ya existentes sobre el acero y el aluminio, y genera incertidumbre sobre su interacción con las reglas de contenido regional del T-MEC.