La petición surge en respuesta a un despliegue militar estadounidense “sin precedentes” en el Caribe, que la administración Trump justifica como una operación contra el narcotráfico. Caracas formalizó su solicitud a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, alegando tener “información probada, razonable y objetiva” que confirma la posibilidad de un ataque “en un muy corto plazo”. La preocupación venezolana se centra en la presencia de destructores, aviones de combate, tropas de élite e incluso un submarino nuclear a pocas millas de sus costas. La administración Trump ha defendido la operación como parte de su lucha contra los cárteles, declarando un “conflicto armado no internacional” y llevando a cabo al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles, con un saldo de más de 20 muertos. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza esta justificación, afirmando que el verdadero objetivo es forzar un “cambio de régimen”. La tensión ha escalado al punto de que Trump ordenó suspender todos los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, rechazando los intentos de mediación de Qatar. La crisis ha adquirido una dimensión regional, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusando a Washington de crear un “escenario de guerra” y afirmando que una de las lanchas atacadas era colombiana.