Trump declaró que usaría la ley “si fuera necesario”, especialmente “si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales, gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo”. La Ley de Insurrección, que data del siglo XIX, es una de las facultades de emergencia más contundentes del presidente, ya que suspende temporalmente la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de militares para funciones de aplicación de la ley civil.

Su última invocación fue en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles. La amenaza de Trump se produce después de que juezas federales en Oregón e Illinois bloquearan temporalmente sus órdenes de desplegar tropas de la Guardia Nacional de Texas y California en Portland y Chicago, respectivamente.

Las autoridades locales han calificado estos despliegues como una “invasión inconstitucional” y una táctica para “causar caos, crear miedo y confusión”.

Los críticos advierten que el uso de esta ley representaría una escalada autoritaria y un uso desmesurado del poder presidencial contra oponentes políticos.