El gobernador J.B.

Pritzker calificó la acción como una “invasión inconstitucional” y un intento de “militarizar nuestras ciudades”. Una jueza federal, April Perry, emitió una orden de restricción temporal de 14 días contra la movilización, argumentando que no existían “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión” que justificara la intervención militar y que la presencia de tropas podría “echar más leña al fuego”. La administración Trump ha defendido su postura calificando a Chicago de “zona de guerra” e “infierno fuera de la ley”. El presidente ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, una medida que le permitiría desplegar al ejército dentro del país para sofocar rebeliones si los tribunales continúan bloqueando sus órdenes. La confrontación ha escalado a un nivel personal, con Trump pidiendo el encarcelamiento del alcalde de Chicago y del gobernador de Illinois por su oposición, a lo que Pritzker respondió: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley”.