La relación entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, ataques a embarcaciones y la suspensión de los canales diplomáticos por orden del presidente Donald Trump. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado una amenaza de “ataque armado” y ha solicitado una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La administración Trump ha justificado su presencia militar, que incluye destructores, un submarino nuclear y más de 4,500 soldados, como parte de un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga. Bajo esta premisa, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos a cuatro embarcaciones civiles en aguas internacionales, causando la muerte de más de 20 personas, a quienes Trump calificó de “terroristas y narcotraficantes”.
La tensión se intensificó cuando The New York Times reportó que Trump ordenó a su enviado especial, Richard Grenell, suspender todos los esfuerzos diplomáticos con Caracas.
Esto ocurrió a pesar de que, según los informes, funcionarios venezolanos habían ofrecido a Washington concesiones económicas de gran alcance, como una participación dominante en el petróleo y otros recursos minerales del país, las cuales fueron rechazadas.
En respuesta, el gobierno de Maduro ha iniciado ejercicios militares denominados “Plan Independencia 200” y ha advertido: “Si los gringos atacan, responderemos”. La situación ha generado alarma regional, con líderes como el presidente colombiano Gustavo Petro acusando a EE.UU. de abrir un “escenario de guerra” en el Caribe.
En resumenLa administración Trump ha intensificado su postura contra Venezuela mediante un despliegue militar en el Caribe y la suspensión de la diplomacia, a pesar de las ofertas económicas de Caracas. Esta estrategia, justificada como una lucha contra el narcotráfico, ha sido denunciada por el gobierno de Maduro como una amenaza de agresión, elevando el riesgo de un conflicto abierto en la región.