Al mismo tiempo, el presidente ordenó que se garantice el pago de salarios al personal militar, agudizando la tensión política y la incertidumbre para los empleados civiles. El cierre se originó por un estancamiento en el Congreso entre republicanos y demócratas sobre la financiación de la administración, particularmente en lo que respecta a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La Casa Blanca, a través del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, confirmó el inicio de las “reducciones forzadas de personal (RIFs)”, con el objetivo de eliminar puestos que no se alinean con las prioridades del presidente y recortar el gasto público. Esta medida se diferencia de suspensiones temporales previas, ya que los despidos parecen ser permanentes. Entre las agencias más afectadas se encuentran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde más de mil empleados, incluyendo líderes de la respuesta al sarampión, recibieron notificaciones de despido. En contraste, Trump instruyó al Departamento de Guerra a utilizar “todos los fondos disponibles”, aproximadamente 8 mil millones de dólares del presupuesto del Pentágono, para asegurar que los 1.3 millones de militares en servicio activo reciban su pago. Esta decisión protege a las fuerzas armadas del impacto del cierre, pero excluye a cientos de miles de trabajadores civiles, lo que ha sido criticado como una táctica de presión política.